Por Silvia Guemureman
Observatorio de Adolescentes y jóvenes del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires)
El Régimen Penal de la Minoridad (Ley Nacional 22.278 y 22.803), sancionado durante la última dictadura militar y fiel representante del modelo tutelar del Patronato, conserva vigencia. Aunque existen varios proyectos de ley, se han presentado cuantiosos obstáculos políticos para la sanción de una Ley Nacional para el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.
Hasta finales del año 2007 había 6 proyectos de reforma de la Ley Penal para personas menores de edad en la Cámara de Senadores con trámite parlamentario y otros 10 proyectos en la Cámara de Diputados. Durante el año 2008, varios de estos proyectos perdieron estado parlamentario a la vez que ingresaron otros nuevos o los mismos re-representados. Las investigaciones recientes señalan que dichos proyectos pueden clasificarse según aquellos que se centran meramente en la baja de la edad de imputabilidad ("reformistas") y aquellos que plantean un sistema de responsabilidad penal juvenil desde el enfoque de la garantía de derechos ("innovadores"), tanto en su versiones "puras" como "híbridas".
En noviembre de 2009 obtuvo media sanción el dictamen de mayoría consensuado en la Cámara de Senadores como resultado de articular varios de los proyectos que estaban en danza: Perceval y Escudero (S-734/08), Morales (S-1564/08), Pérez Alsina (S-1263/09), Quintela (S-1524/09) y Negre de Alonso (S-1555/09). Se obtuvo un proyecto de responsabilización penal juvenil (RÉGIMEN LEGAL APLICABLE A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL), cuya característica más polémica fue la fijación de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Era esperable que durante el año 2010, este proyecto recibiera el tratamiento y sanción definitiva en la Cámara de Diputados, pero quedó entrampado en medio de acusaciones cruzadas entre las bancadas opositores que acusaron al oficialismo de "cambiar" el voto. Así las cosas, el tratamiento fue abortado y aun no hay nueva normativa que reemplace a la ley 22.278 que continúa vigente.
Este punto plantea serios interrogantes en la relación de los sistemas penales con los sistemas de garantía de derechos que promueve la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Distinta ha sido la suerte corrida con las leyes promotoras de derechos integrales para la protección de la niñez y la adolescencia, que finalmente lograron derogar a la ley 10.903/19. Así, la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061/05) habilitó un marco a partir del cual los niños y adolescentes pueden ser pensados como sujetos de derechos, aunque con anterioridad a la sanción a nivel nacional, hubo leyes que a nivel provincial promovieron instrumentos de protección inspirados en la CDN: la Ley 13.298 de la Provincia de Buenos Aires y la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires.
En materia procedimental para el área penal, los cambios normativos hay que localizarlos en un lapso mayor de tiempo, pudiendo ubicar la sanción de la ley 23984, de Código de Procedimientos en Materia Penal más conocida como Ley Arslanian, en el año 1991, y su puesta en marcha a fines de 1992. A partir de entonces, en la Ciudad de Buenos Aires se crearon los Juzgados y Tribunales Orales de Menores. En la Provincia de Buenos Aires, recién entró en vigencia a fines del año 2007 la Ley 13.634 que establece el procedimiento para personas menores de edad complementándose con el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, Ley 11.922.
Cabe destacar, en tanto marco de respaldo para el avance en la legislación acorde a la lógica de la protección integral, que existen importantes instrumentos internacionales que responden a un modelo de respeto de los derechos y garantías de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, tal como las Reglas de Beijing, entre otras, que también han alcanzado rango constitucional en virtud del artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
La adhesión a tratados internacionales de derechos humanos no hizo más que aumentar la brecha entre las prácticas discursivas y las prácticas materiales. La ratificación de tratados internacionales y la obligación que trae aparejado de adecuación de la legislación interna, introdujo nuevas tensiones entre la necesidad de atender demandas de gobernabilidad y sensibilidad ciudadana ante el delito y la inseguridad, que se tradujeron en una ampliación de la brecha entre el nivel formal de respeto a los derechos humanos y el nivel real de vulneración de los mismos en las instancias de custodia estatal.
El proceso aún inconcluso de reforma legislativa configura un escenario de dualidad en la convivencia de la doctrina de la situación irregular y la de la Protección Integral (Guemureman y Daroqui, 1999; MJyDD - UNICEF, 2006; CELS, 2003). Esta dualidad, signada por las tensiones antes mencionadas entre el campo de los derechos humanos y las políticas de prevención social.
Respecto al proceso de reforma legislativa en materia penal para adolescentes y jóvenes, es constatable que cada vez que se retoma el debate legislativo, se lo hace sobre pisos más duros de punición hacia los jóvenes. La edad de imputabilidad penal es una variante crucial en las discusiones, que distorsiona el debate de fondo vinculado a dispositivos jurídicos que otorguen garantías a los adolescentes por un lado, y por otro, la insoslayable responsabilidad del estado como aquel que debe fijar las decisiones de política criminal.
La ausencia de políticas sociales hacia los adolescentes y jóvenes de sectores socialmente vulnerables promueve y habilita la proliferación de políticas criminales y de seguridad que tienen su asidero más contundente en la sensibilidad punitiva exacerbada por los medios masivos de comunicación que amplifican los miedos y las inseguridades ciudadanas.
En este contexto, los jóvenes señalados como peligros, sea en potencia o en acto, pierden garantías y derechos. La tensión planteada se expresa en la imposibilidad de avanzar hacia una cambio legislativo esperado y deseable.
